Infografía sobre los desplazamientos internos
Los desplazamientos internos representan una de las crisis humanitarias más complejas y persistentes del siglo XXI. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales; permanecen en sus propios países, lo que a menudo los hace invisibles en comparación con otras crisis migratorias. Según el último informe del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), en 2023 había 68.3 millones de personas desplazadas internamente debido a conflictos y violencia en 66 países, una cifra que continúa aumentando debido a la recurrencia y prolongación de conflictos, así como a la falta de soluciones duraderas.
El continente africano sigue siendo el más afectado, con países como Sudán y la República Democrática del Congo enfrentando crisis prolongadas. En Sudán, los enfrentamientos entre facciones militares han obligado a millones a huir de sus hogares, mientras que, en la República Democrática del Congo, los conflictos armados persistentes, alimentados por disputas étnicas y la explotación de recursos naturales, han generado desplazamientos masivos. En Siria, a más de una década del inicio de la guerra civil, millones de personas aún no pueden regresar a sus hogares debido a la inestabilidad política y la destrucción de infraestructura.
Los desastres naturales también son un factor importante en los desplazamientos internos. En 2023, 7.7 millones de personas fueron desplazadas debido a fenómenos como terremotos, inundaciones y tormentas. Países como Argentina, Pakistán y Turquía enfrentaron desastres que destruyeron hogares y obligaron a las comunidades a desplazarse. Este tipo de desplazamientos pone en evidencia la vulnerabilidad de ciertas regiones, especialmente aquellas con infraestructura deficiente y servicios públicos débiles. El cambio climático está exacerbando esta situación, aumentando la frecuencia e intensidad de desastres naturales, lo que genera un ciclo continuo de desplazamiento y reconstrucción.
Uno de los principales desafíos en la gestión de los desplazamientos internos es la falta de visibilidad y reconocimiento internacional. A diferencia de los refugiados, que reciben protección bajo la Convención de Ginebra, los desplazados internos dependen de la voluntad de sus propios gobiernos, muchos de los cuales carecen de recursos o voluntad política para abordar sus necesidades. En algunos casos, los gobiernos son incluso responsables de los desplazamientos, lo que agrava la situación.
Para reducir el número de desplazados internos, es crucial implementar soluciones integrales que aborden tanto las causas como las consecuencias del desplazamiento. Esto incluye la resolución pacífica de conflictos, la reconstrucción de comunidades y el fortalecimiento de las instituciones locales. Es fundamental apoyar la reintegración de las personas desplazadas en sus comunidades de origen, garantizando el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda. Además, es necesario promover la inclusión social y económica de los desplazados, facilitando su acceso al mercado laboral y fomentando su participación en la vida comunitaria.
En última instancia, abordar la crisis de los desplazamientos internos no solo implica ofrecer ayuda humanitaria, sino también promover la estabilidad política, la justicia social y el desarrollo económico. La comunidad internacional tiene un papel crucial en este proceso, apoyando a los países afectados con recursos, conocimientos técnicos y presión diplomática para garantizar el respeto de los derechos humanos. La reducción de los desplazamientos internos es un desafío monumental, pero también una oportunidad para construir sociedades más resilientes e inclusivas.
El proyecto “Medios de vida para salir adelante” es una iniciativa impulsada por la Corporación Infancia y Desarrollo, en colaboración con Fundación Samu y con financiación del Ayuntamiento de Illescas. Se lleva a cabo en Puerto Carreño, una ciudad fronteriza con Venezuela que acoge a desplazados internos colombianos e inmigrantes venezolanos. Aunque el proyecto capacita directamente a 60 funcionarios y líderes comunitarios, su verdadero impacto está dirigido a los beneficiarios indirectos: jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado, migrantes y miembros de la población de acogida. Este enfoque busca generar un cambio sostenible en las comunidades más vulnerables, fortaleciendo sus oportunidades de educación, emprendimiento y empleo.
